El Centro de Economía Política Argentina difundió la medida dispuesta por el Gobierno que deroga los controles fitosanitarios de granos y subproductos, harinas y aceites, que realiza el SENASA y las tasas que cobra.
Se trata de la ley 260/14 que permite al organismo de control, regulación y recaudación del Estado, gravar con tasas y aranceles las actividades en las que interviene.
La normativa disponía que el monto gravado responde a un importe por tonelada exportada que varía según el producto, un monto fijo por tanque y/o bodega (3 mil pesos por bodega y 500 pesos por tanque), además de otro monto fijo por trámite, que incluye la emisión de certificados fitosanitarios, de calidad y de fumigación que ascienden a un total de 750 pesos por operación de importación/exportación.
El CEPA estimó que la derogación de la norma implica una transferencia de ingresos de 120 millones de dólares hacia los sectores agroexportadores.
La entidad apunta a que la decisión funciona como una quita de retenciones adicional a la otorgada por el Estado Nacional, con el efecto del incremento del precio interno de granos y subproductos.
Además se desfinancia al SENASA y se pierde la trazabilidad de las exportaciones de granos.